ANDALUCÍA. El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno y fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero.

La futura ley se centrará sobre todo en las denominadas "emisiones difusas", hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo básico de no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha subrayado que la norma, cuya elaboración es el resultado de una década de trabajo del Gobierno andaluz para combatir el cambio climático, se dirige a avanzar hacia la sostenibilidad del modelo económico. 

El anteproyecto establece techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estos límites, denominados "presupuestos de carbono", serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.

Sistema de compensación
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado; la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2 (fundamentalmente espacios forestales que absorben este tipo de contaminación); la obligación de incorporar a la planificación sectorial la consideración del impacto de cambio climático, y la integración de todo el conocimiento científico generado sobre el fenómeno en los centros de investigación andaluces.

Dentro del régimen obligatorio, los establecimientos deberán auditar sus emisiones, presentar un informe y elaborar un plan de reducción. Para las actividades de gran consumo energético, que excedan los valores de referencia establecidos, se exigirá además compensar su potencial contaminante con proyectos de absorción de CO2.