Que los inmigrantes subsaharianos que acosan la frontera española por Ceuta y Melilla no lo hacen pacíficamente, pidiendo permiso para entrar, resulta evidente. Es más, una acción ilegal no se afronta con mecanismos legales.

Que si este acoso se realiza a nado, como sucedió recientemente en la playa del Tarajal, con grave riesgo de ahogamiento para los asaltantes, dado que muchos de ellos apenas saben nadar, no queda más remedio que prestarles auxilio, embarcarlos y, de ser posible, devolverlos en la embarcación a la playa de origen. Nunca, al menos el simple respeto a los derechos humanos así lo debe entender, intentar disuadirlos de su acción disparándoles pelotas de goma que agravarían las posibilidades de pérdidas humanas.

Después de lo leído, porque no visto, no tenemos claro que sucedió aquella madrugada del 6 de febrero, dadas las contrapuestas declaraciones de unos y otros y la ausencia, hasta ahora, de imágenes que pudieran confirmar el uso por parte de la Guardia Civil española del material que los inmigrantes denuncian.

Me cuesta creer que los miembros del Cuerpo armado procediesen a disuadir a los nadadores con similar munición, conocedores, como lo deben ser, de la cualidad de quienes se encontraban en el mar y del pánico sobreañadido que cualquier tipo de detonación puede generar en personas con una movilidad muy limitada.

Por ello que sea importante que se aclaren de una vez por todas los hechos y se llegue a descubrir si la afectada declaración del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE,  Antonio Hernando, preguntándose quién dio la orden de disparar y quien la de mentir,  obedece a un gravísimo error en algún nivel de la cadena de mando, o simplemente a una sucia estrategia electoralista en la que pudieran utilizarse los muertos como urnas.

Si fuese lo primero, está claro que habría que depurar responsabilidades, penales y políticas, con carácter inmediato, en el nivel que fuese preciso, a fin de evitar que sucesos como este pudieran volver a repetirse.

En caso contrario, si las insinuaciones que desde el PSOE se han venido haciendo fuesen falsas, caiga sobre sus responsables, también con carácter inmediato, las responsabilidades legales y también políticas que hubieran de derivarse, de forma que el país quede algo más limpio de esa casta de políticos capaces de todo y a costa de lo que sea.

Queda sin resolver, en cualquier caso, no sólo la vida de quienes la han perdido, sino el problema de fondo que existe entre las fronteras de Europa y el Tercer Mundo, que ni la U.E. se ha mostrado capaz de solucionar, ni lo hizo en su momento el PSOE -no olvidemos que la instalación de las famosas concertinas en el perímetro de Melilla fue obra de Rodríguez Zapatero, incapaz de frenar las avalanchas de inmigrantes-, ni tampoco parece que esté en manos del P.P. lograrlo.

Permeabilizar la frontera produciría un efecto llamada que nuestro país no puede sostener, mucho menos aún en la actual situación económica. Marruecos soporta similar presión con quienes le llegan de más allá del Sáhara y en el centro del continente africano no se dan unas condiciones de vida que fijen la población a sus países de origen.

Por ello que, junto a otros muchos, en España debiera establecerse un Pacto de Estado – de esos que dan tanta alergia a nuestros partidos políticos, siempre obsesionados con la corta visión  electoralista- que estableciese las políticas inmigratorias a seguir, trasladando, a su vez, una voz única a los foros europeos e internacionales que son quienes en último término tienen capacidad para resolver este problema.

Como ello no sucederá -carecemos de políticos con altura de miras para tales acuerdos-, confiemos que la verdad vea la luz y los cruces de acusaciones dejen paso a decisiones judiciales y políticas, en las que, la verdad, tampoco tengo demasiada confianza dada la nula separación de poderes que reina en España.