No se lo que definitivamente se decidirá en las urnas catalanas el próximo domingo. Tampoco creo que nadie sepa, los catalanes aún menos, sobre qué van a votar, si sobre el proyecto económico y social que presentan los partidos -aquellos que realmente lo hayan presentado-, o sobre las propuestas independentistas de unos y otros que al menos a unos les han servido para ocultar sus vergüenzas y, como siempre, para intentar alterar -es posible que lo consigan-  el principio de participación democrática, apelando a lo que muchos autócratas a lo largo de la historia han venido utilizando, el nacionalismo patrio y el sometimiento al que se le pretende imponer por terceros.

Eran las antiguas arengas de Franco pero también lo fueron de Hitler, Mussolini o Kim Jong-il en Corea del Norte y lo siguen siendo las de Fidel Castro en Cuba o Hugo Chaves en Venezuela, de las que va contagiándose la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y algún que otro dirigente sudamericano.

Y la verdad es que la masa, que es proclive a ser engañada por este tipo de visionarios, vete tú a saber como responderá al bombardeo mental al que se le está sometiendo, muy alejado del clima de serenidad en el que deberían confrontar las propuestas que realmente afectan a los ciudadanos.

En cualquier caso he estado subido siempre al carro de quienes piensan que el problema de Cataluña no lo es de aquella Comunidad sino de toda España y su resolución afectaría no sólo a los catalanes sino al resto de comunidades.

De ahí que no haya de ser Cataluña quien decida sobre su futuro como estado independiente, lo cuál no sólo nos obligaría a una profunda reforma constitucional sino que abriría la puerta a muchas otras reivindicaciones separatistas, sino que tal decisión ha de nacer del conjunto de todo el Estado español que, entre otras muchas cosas, ha llevado a Cataluña a ser una región europea y percibir con ello los beneficios que tal situación ha generado.

Cataluña, por mucho que les duela a algunos, no es de los catalanes. Cataluña, como Andalucía, Extremadura, Canarias o Castilla-León, es de los españoles, con las singularidades y rasgos identitarios que puedan tener cada una de las diez y ocho CC.AA y Ceuta y Melilla. Y somos los españoles, todos los españoles sin excepción, quienes hemos decidir sobre la unidad del Estado, algo que ya hicimos -también los representantes catalanes- en 1978 y que en la actualidad no nos planteamos mayoritariamente modificar.

En todo caso, y aún a pesar del resultado electoral, tienen más derecho a mantener su status actual quienes en Cataluña se sitúan al lado de la legalidad que representa nuestra Constitución que aquellos otros que aspiran a vulnerarla, como en su día afirmó públicamente Artur Más.

Y de todas formas, ¿quién correría con los gastos de todo tipo que generarían aquellos millones de catalanes y residentes en Cataluña que en lugar de vivir en un Estado extracomunitario, como sería en su caso el catalán escindido, quisiesen hacerlo en España? ¿Cómo darían respuesta a esta situación quienes ahora no tienen casi ni para mantener el sistema público de salud?

Está claro que lo de CiU no representa sino una huida hacia adelante, con toda probabilidad muy elaborada electoralmente, totalmente manipuladora en sus fines y al margen de los principios éticos y democráticos que debiera exigírsele a toda formación política. No me extraña militando en ella el demócrata-cristiano Duran i Lleida, curtido ya en estas lides del engaño.

A partir de ahí, si ganan las elecciones con mayoría suficiente para formar gobierno, ya veremos como todo cambia y quienes ahora sacan pecho por la bandera independentista mañana perderán el culo por mantener un escaño en el Congreso y  el Senado que les rinda beneficios económicos.

Quienes se quedarán con cara de bobos serán todos aquellos votantes que creían que su papeleta les garantizaba ser independientes en un nuevo país de ensueño y volverán a la cruda realidad de tener que pagar un euro por receta y esperar una media de tres meses para que les hagan unos análisis de rutina.

Enrique Bellido Muñoz