De acuerdo. Como ha venido manifestando la Secretaria General del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y se ha ordenado como modelo de respuesta a todos los cargos representativos de la organización, “el P.P. tiene una única contabilidad que es la que fiscaliza el Tribunal de Cuentas”.

No dudo, en modo alguno, que esa sea la contabilidad oficial, en la que quedan perfectamente justificadas las entradas y salidas, así como los pagos a Hacienda, Seguridad Social, etc.

Pero no es eso lo que con los papeles destapados por el País -vaya usted a saber llegados de qué manos y con la clara intencionalidad de desestabilizar al Gobierno- se pone en duda.

Nadie duda que el Partido Popular entregue sus cuentas oficiales en orden y estas sean validadas así por el alto tribunal, lo que se ha puesto en duda -y es lo que inmediatamente deben aclararnos- es si al margen de esta contabilidad, alguien en el partido, en este caso parece ser que Luís Bárcenas, manejaba unas cuentas paralelas, en las que se incluían todos aquellos conceptos que escapaban al control del Tribunal de Cuentas.

Con una simple prueba grafológica puede determinarse, con certeza, si las inscripciones que aparecen en el libro de cuentas difundido por El País, pertenecen al ex tesorero del P.P. De ser así, parece demasiado maquiavélico que alguien se inventase toda una contabilidad falsa durante años, con el sólo fin de, en un momento dado, poder chantajear a la cúpula del partido.

A partir de ahí no cabe sino una pormenorizada investigación judicial que revise los bienes patrimoniales de todos los aludidos a fin de dilucidar si los mismos se corresponden con los ingresos oficialmente declarados.

Ya no es cuestión de una auditoria interna o externa en la que sólo va a examinarse la contabilidad oficial del partido. Es cuestión de que si el fiscal, como ha anunciado, observa indicios de delito, abra un procedimiento que lleve al esclarecimiento de la verdad y la depuración de todas las responsabilidades a las que hubiera lugar.

Por otra parte, tengo la personal convicción que ésta no es una práctica exclusiva del Partido Popular. Ya la hemos visto en los catalanes de CiU, ya llegó a los tribunales en los años 90 con la trama de financiación ilegal del PSOE, y estoy íntimamente convencido que todos ellos la han venido practicando en los últimos años, como también se ha visto recientemente con el descontrol económico en la fundación socialista Ideas.

Por ello que me asquee que sea desde la oposición del P.P. desde donde haya monjes -Rubalcaba el más significado, no tan sólo por su apariencia- que se rasguen los hábitos, presentándose ahora como adalides de la decencia.

No son los partidos políticos quienes están legitimados para investigar sobre este asunto -no olvidemos que la Comisión creada al efecto en el Parlamento de Andalucía lleva casi veinte años sin reunirse-, sino exclusivamente los jueces, con la ayuda de los Cuerpos de la Seguridad del Estado y con independencia del CGPJ, politizado como sabemos, quienes han de abrir los procedimientos oportunos.

Sobresueldos los ha habido siempre. Los ha habido dentro de la orgánica de los partidos, entre sus dirigentes; los ha habido en los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos, entre los miembros de sus consejos de dirección; y los ha habido en muchos ayuntamientos, repartiendo parte de los fondos destinados a funcionamiento de los grupos municipales entre los propios concejales. Todo ello al margen de los sueldos que percibiesen de las instituciones donde desempeñasen sus actividades representativas.

Pero esto, que podrá compartirse o no, pero que puede tener su soporte legal, es muy distinto a que dichas cantidades escapasen al control oficial y fiscal. De ahí que hasta que no se aclare este punto se mantendrá la sombra de la duda sobre los protagonistas y ni las amenazas de emprender acciones judiciales contra los medios que opinen sobre ello harán luz en este oscuro panorama.

Y puestos en esta tesitura, y aún sabiendo la penurias presupuestarias por las que atraviesa la Justicia, los jueces podrían investigar, de oficio, los patrimonios de los responsables de todos los partidos, sin exclusión, sus ingresos, los gastos de campaña y las aportaciones públicas y privadas que perciben. Tal vez encontraríamos motivos más que sobrados como para echar por tierra a nuestro actual sistema de partidos, dándonos la oportunidad de legislar sobre un nuevo modelo de representación popular distinto al muy viciado que en la actualidad poseemos.