Vamos a ver, no es que le haya tomado manía al artículo 1 de la Constitución. Lo que pasa es que está demasiado desfasado, respecto de nuestra realidad histórico-socio-política, de modo que no hay por dónde cogerlo. Y creo que me contengo, con la reforma que planteo. Sin embargo, este artículo (el que estoy tecleando, no el de la Norma Fundamental) tiene el único objetivo de finiquitar aquellas ideas o sugerencias que me propuse ofrecer en la anterior entrega, poniéndolas a disposición de aquel organismo al cual se le endose el marronazo, y cuyos miembros serán remunerados, sin duda, excesiva, si bien, merecidamente.

            Guiado por tal espíritu reincidente, insistiendo en el 1, y con repercusión en sus concordantes, prescindiría de la fútil palabra «libertad», porque, con el número de gilipollas por metro cuadrado que pululan por España (inclúyanse soplagaitas del pokemon), dejar que circulen y se expresen a su aire es locura con visos de espeluznante desmemoria. Su apartado 2, se redactaría con una apuesta coherente con estos maravillosos tiempos que nos han tocado vivir, que sólo pueden mejorar, como hasta el más charlatán de los adivinadores sabrá leer a través de la cartomancia: «Se fomentará la ilusión de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que creerá que emanan los poderes del Estado». Todos los españoles somos incondicionalmente monárquicos, por ello anticipo la invariabilidad del apartado 3. Para contentar a catalanes, vascos, navarros y valencianos (y a ciertos gallegos, andaluces y canarios), liquidaría el artículo 2, y quizá el 3… y el 4… y el 5… y el 8. Lo de la concurrencia de la voluntad popular de los partidos, del 6, lo matizaría con «voluntad partidista» de los partidos (e ignoraríamos la indignación de la RAE por la redundancia, como es costumbre; tampoco vamos a reformar tanto). Otra vez por cortesía internacional, no variaría el 10. Como lo de ser español produce vergüenza (propia y ajena), no me molestaría con tanta precisión en el 11. Reduciría la mayoría de edad a los dieciséis, salvo para la mujeres, no vayan a querer abortar por su cuenta. Para los extranjeros del 13, añadiría «con alto patrimonio económico». En el 16, la religión del Estado, católica, por supuesto. Incorporaría la excepción de las plataformas digitales, en el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen; así, cualquier mamarracho, escudado en el anonimato o en la distancia, podrá despacharse a gusto. Compensaría el asunto sustituyendo la prohibición de los Tribunales de Honor por el restablecimiento de los duelos en el campo del honor, de mayor tradición y raigambre patrias. El secreto de la comunicaciones es una clara cortapisa en la lucha antiterrorista, lo abrogaría, constitucionalizando el espionaje masivo; total, ya publicitamos voluntariamente nuestras intimidades en las redes sociales. En lugar de concederle rango constitucional a la producción y creación literaria y artística, se lo daría a la piratería de las mismas. Por su parte, repudiaría la producción y creación científica y técnica, pues desprestigian al país. En esta línea, el artículo 44 estipularía: «1. Los poderes públicos ahogarán y negarán el acceso a la cultura, a la que nadie tiene derecho. 2. Los poderes públicos cancelarán la ciencia y la investigación científica y técnica en perjuicio del interés general». Presentaría, en definitiva, el aditamento de «mientras no les toquen los cojones a sus señorías», en los derechos de reunión y manifestación; restringiría la libertad de información al capricho ideológico del redactor y a las ambiciones de mecenas y patrocinadores; e instauraría por fin la dedocracia, en el acceso a las funciones y cargos públicos. Ampararía la exención en las obligaciones tributarias de quienes eroguen su riqueza con el recurso de múltiples empresas —alguna creada en un paraíso fiscal supondría un plus de exención—, o de una española bajo el tipo mínimo; o la mera circunstancia de ser titular de una cuenta en un paraíso fiscal, ya sería motivo de condonación. «Todos» es un pronombre extremo, para el derecho a la presunción de inocencia; reemplácese por «quienes no se hallen investigados». Probada su trivial consideración por los Poderes, aboliría al Defensor del Pueblo. A mayor honestidad constitucional, remarcaría la proporcionalidad de las pensiones durante la tercera edad a las aportaciones realizadas durante la vida laboral, y al derroche institucional.

            Por último, mención especial para los artículos que regulan la reforma constitucional. Proceso tan reglado y trabado resulta un incordio para políticos y ciudadanos, lo lógico sería reservarles oficialmente a los alemanes las futuras reformas.

            A todos aquellos arrojados, sabed que, frente a la bochornosa pantomima de los últimos meses, representada por políticos incapaces, la Constitución de 1978, con su anacrónica redacción, ha logrado preservar la estabilidad del Estado, sustentando la escasa dignidad que a éste le quedaba.