No lo pasan mal estos chicos –lo de chicos es un decir porque tienen colmillos de medio metro cada uno- de la UGT-A, mientras en nuestra Comunidad más de un millón de personas busca empleo sin encontrarlo.

Parece ser que entre todos los andaluces –los parados también- les pagamos el 26 de noviembre del pasado año un exclusivo almuerzo en el restaurante La Dehesa del hotel Meliá Lebreros por valor de 1305 euros, cargándose el importe del mismo a los 20.000 millones destinados a la Concertación Social de Andalucía.

Así lo denuncia El Mundo en sus páginas, documentándolo con facturas, y sumando este presunto fraude a otros que se están investigando y que el colectivo Manos Limpias ha puesto en manos de la fiscalía, como puedan ser la contratación irregular de menores de 18 años o el pago de la revista “Trabajo y Diálogo Social” con cargo al Fondo Social Europeo.

La verdad es que la imputación de miembros de la UGT por parte de la juez Alaya en el caso de los ERE’s falsos, nos ha abierto aún más los ojos ante la podredumbre de nuestro sistema social –del político ya hemos recibido suficientes referencias que nos lo confirman-, lo que nos hace albergar escasas esperanzas sobre la regeneración que la sociedad española necesita, dado que quienes debieran liderarla son quienes precisamente más metidos se encuentran en el fango de la corrupción.

No puede esperar España a que los tribunales, con la buena actitud profesional de muchos de sus miembros –habrá que reconocer que no de todos-, pero con su enfermiza e instalada lentitud, vayan aclarando la nómina de responsabilidades de todo tipo que en las Administraciones y organizaciones sociales hayan de asumirse por parte de algunos de sus miembros, para de esta forma poder contar con unas instituciones dignas, de las que hoy no disponemos.

Si así fuese, el proceso sería interminable, no ya por culpa de la Justicia, sino porque los candidatos a pasar por las primeras páginas de los medios de comunicación y después hacerlo por la puerta de los juzgados no tendría fin.

Mucho menos, aún, cuando algunos o muchos de ellos se amparan en su aforamiento, pasando por tribunales con una gran carga política.

En nuestro país necesitamos que a parte de que la Justicia, la ordinaria, sea implacable con este tipo de delincuentes, la otra Justicia, la social, la del pueblo ejercida en las urnas, tome conciencia de la situación y exija de los partidos la transparencia de la que hoy carecen y las reformas legislativas que los hagan realmente democráticos y democraticen la participación del pueblo en el control y toma de decisiones.

Necesitamos que la militancia política sea realmente activa, abandonando el rebaño con el que viene pastando, sea de una ideología u otra, a la voz del pastor y respondiendo al ladrido del perro.

O los militantes se rebelan y asumen su obligaciones éticas –hoy abandonadas- o quienes los dominan, los jerarcas de partidos, sindicatos, patronales, etc., seguirán campando por sus respetos, poniéndose orondos de banquetes a nuestra costa, repletos de millones en paraísos fiscales o instalados en la impunidad del cargo hasta que un medio de comunicación, un delator o un juez los ponga en la picota.

La situación en España se ha vuelto insoportable, llegándose al extremo de que todo aquél que ostenta un cargo es sospechoso de algo, como muestra de la desconfianza plena que existe en la integridad moral de quienes nos dirigen.

Es cierto que resulta difícil confiar plenamente en nuestros dirigentes, pero también lo es que si no pasamos a la acción, si no asumimos nuestro deber de controlar a quienes nos controlan, estos seguirán haciendo lo que les viene en gana y nosotros careciendo de argumentos con los que defender nuestros derechos.