Tardes cortas de luz entre largas tareas diarias. El inicio de diciembre nos regala frío, ratos de sol y nos resta la tan necesaria lluvia en abundancia. Los días suman y ya nos encaminamos hacia una sucesión de fiestas, entre alumbrados deslumbrantes.
Guerras cercanas y lejanas, a las que hacemos oídos sordos. Se mencionan poco en la calle, en los organismos internacionales. Conflictos bélicos con demasiadas muertes y crueldad, con escasa resolución en el horizonte.
Jornadas importantes institucionalmente hablando en nuestro país y comunidad. El reciente 4 de diciembre en Andalucía, esta efeméride que va recobrando importancia conmemora las manifestaciones que tuvieron lugar en 1977 en la capital y la muerte de García Caparrós. Alrededor de dos millones de personas, de aquel entonces salieron por vez primera a la calle para reclamar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Los ciudadanos de las ocho provincias andaluzas, se echaron a las calles de manera masiva para protestar bajo el lema “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.
De nuevo ante un 6 de diciembre, donde se celebra el Día de la Constitución en España, este año más atacada que nunca, “con más tiritas” y siendo objeto de posibles reformas inmediatas. Será de nuevo un día no laborable en todo el país. Conmemoraremos el 6 de diciembre de 1978, en el que la ciudadanía votó en referéndum (con resultado favorable) la actual Constitución española. de acuerdos políticos equitativos para España.
Un país de consenso, con sus diferencias y similitudes, cada vez más convulso, donde parte de nuestra clase política de élite: “dice, desdice u olvida lo que dijo y prometió o defendió, porque ahora tergiversa o persuade esgrimiendo argumentos de lo inconvencible, con palabras agresivas y formas muy mejorables”.
Los ciudadanos sin afiliación política fija, miramos y escuchamos con preocupación los pactos acordados por el PSOE (Con su líder Don Pedro Sánchez) y sus socios radicales nacionalistas de poder para perpetuarse en la Moncloa y el congreso.
Acuerdos, negociaciones, pactos, con mediadores internacionales realizados fuera de nuestro territorio nacional, con ecos de amnistías, que conllevan concesiones otorgadas a unos pocos que mayoritariamente reniegan de ser españoles, pero exigen y se patrocinarán con los bienes otorgados por el Estado español, con sus impuestos, los de todos...
No puedo dejar de sentir ideas y sentimientos encontrados: de rabia, furia, tristeza e impotencia y preocupación, ante un reparto o un perdón hecho a la medida de un presidente, que trata de interpretar el sistema judicial, para su interés propio o el de sus aliados...
Mañana será un día festivo, se izarán banderas españolas, se renovarán las mismas en muchas de nuestras dependencias oficiales o institucionales públicas. Y será un acto protocolario vacío de contenido y sentido para demasiadas personas tristemente. Porque la Constitución Española de 1978 no lo olvidemos, es el centro del sistema político y del ordenamiento jurídico de España. En ella se asientan las demás normas, los derechos fundamentales y las libertades públicas, los principios de actuación de los poderes públicos y la organización institucional y territorial del Estado.
De manera que unos pocos partidos nos gobernarán, amparándose en las leyes democráticas donde pueden unirse partidos, pueden formar una mayoría parlamentaria, que poco o nada representa el sentir de buena parte o la totalidad de la sociedad que fuimos a las urnas en julio del 2023 y gestionar un país con sus formas, intereses y maneras...
Lo único que me tranquiliza es que la sociedad española es mayoritariamente pacífica, pese a las manifestaciones de los últimos tiempos en Madrid y otros puntos de España. Europa nos vigila en teoría por nuestro discurrir político errante, contradictorio e incierto social, económico, normativo y político. “Ya lo dijo Jacques de Lacretelle: No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral para la sociedad”.
Para hablar de leyes y reformas de nuestra Constitución, de nuestro sistema normativo, hay que hacerlo con conocimiento y profundo análisis de lo que se hace, atar los motivos de por qué se hace, qué ventajas o consecuencias nos pueden deparar dichos cambios, porque este es nuestro marco legal de derechos y deberes, el que nos guía y protege como ciudadanos de pleno derecho e identidad.