Si algo deja claro el acceso a la presidencia de los Estados Unidos del multimillonario que imita a Lauren Postigo, es el subidón experimentado por el Conservadurismo mundial al grito de “fuera disimulos”. Día a día los sectores carcas, -“trumpfitos” aspirantes a ganar el concurso de intolerancia en la edición “mis privilegios ante todo”- surfean una ola de impunidad cada vez más alta.
Encontramos concursantes en los apartados más variopintos, desde el “capitalista salvaje del año” al “promotor de crisis/ estafas ”(competencia reñidísima), manteniendo clásicos con solera tipo “reprimamos derechos humanos“ o “privatiza como puedas”. En esta categoría despunta como candidata al premio “Por la cara” la Escuela concertada andaluza. Hay que reconocerle el haber ha presentado un guion lleno de giros inesperados y registros múltiples lo que hace imposible resumir el contenido sin que se desperdicien esencias. Aun así, vamos a intentarlo. Este es el argumento de su película, pero visto con nuestros ojos:
“En la Andalucía de 2017 y tras 39 años ininterrumpidos de gobiernos PSOE nos encontramos una tozuda realidad empecinada en mostrar datos contrarios a la propaganda “Yo por lo Público ¡mato!” del Susanismo y predecesores.
Ha sido tan descarada por ejemplo la privatización sanitaria que media Andalucía se ha echado a la calle en los últimos meses para defender el sistema Público de Salud y tan evidente -¡ojo! aquí no sirve la excusa de un PP inaugurando la barra libre, porque los conservadores no han tocado el pelo del poder– la apuesta por la Enseñanza Concertada que si en el curso 2003/04 (USTEA) había 54 centros concertados para toda la enseñanza infantil, ahora son 916 los dedicados a primer ciclo y 457 que tienen el segundo ciclo , desde 2012 se han cerrado en la Pública 1312 aulas del 2º ciclo de infantil (3-6 años),se han perdido 676 unidades y suprimidas 908 plazas de profesores en la Pública con la excusa oficial de “la crisis”. Casualmente en el mismo periodo la concertada aumentó 36 unidades y 59 profesores. Se nota que, como en todo, los recortes van por barrios. Los datos son clarificadores y dejan patente lo ya sabido: que son las decisiones de gobierno la mano que nos quita a la riqueza colectiva para trasvasarla a los bolsillos privados.
Pues bien pese a lo que cantan números y estadísticas en estas semanas asistimos a una ofensiva bajo el lema “Yo soy de la Concertada”. En ella las escuelas católicas de Andalucía, utilizando el paraguas de la palabra “Libertad”, antónimo de su realidad, han lanzado la campaña “Sí a la Educación concertada. Si a la libertad de Enseñanza” porque, manda huevos que diría el opusdeista irresponsable “¡están siendo perseguidos!” (sí, suena a recochineo, esa “mentira mil veces repetida” que decían los antecesores de los trumpfitos).
Volvemos al clásico. Cuando se denuncian sus privilegios, acumulados por el histórico dominio ideológico, apuntalados por la represión y barbarie cuando la tropa se pone levantisca, siempre responden con el “me agreden” o “nos persiguen”.
¡Curioso método represivo el de un estado español, teóricamente aconfesional! Para hostigar y desmoralizar a la burocracia clerical le asigna un 0'7 de la recaudación del IRPF, redondea al alza cuando hace falta la cantidad -porque los militantes de la fe son poco generosos en el óbolo- y corta tentáculos regalando cada curso más porción del pastel educativo a los pastores del control de mentalidades.
La reacción en la defensa paranoica del status quo, el acaparar prebendas como si viniesen de un derecho divino incuestionable, recuerda a la del cínico cogido metiendo la mano en la cartera de otro que reacciona gritando “al ladrón” para disimular. En el caso que nos ocupa la excusa/soniquete es la misma: “Como la Constitución garantiza el derecho a la educación de nuestros hijos, tenéis que pagárnosla a la carta, nada de menú”. Rotundo y sin matices.
Vayamos al texto mencionado. En primer lugar, resulta curioso, llamativamente curioso, que de los artículos recogidos en la Constitución del 78 unos sean intocables (Monarquía p.e.) y otros prescindibles. Aunque traten derechos fundamentales como el trabajo o la vivienda.
Y en segundo que se asimile el punto 3 del artículo 27 “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” con que ésta no solo se imparta obligatoriamente en horario lectivo y centros de enseñanza – a nadie se le merman derechos y convicciones si recibiese adoctrinamiento religioso en locales de la iglesia fuera de la jornada escolar y menos ahora que su voracidad ha inmatriculado todo edificio que se ha puesto a tiro- sino que además sea el Estado el que pague a los propagandistas y subvencione al dictado un modelo de educación, que por cierto en muchas ocasiones también incumple , como cuando segrega sexos, el punto 2 del citado artículo: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” sin que las autoridades competentes pongan el grito en el cielo ante el atropello.
Y cuando la cordura parece imponerse en algunas acciones, los movimientos ultras siempre encuentran la segunda línea Sigfrido camuflada tras sentencias de jueces que parecen sentir nostalgia del nacionalcatolicismo y echar de menos los tiempos de claridad meridiana en los que unos obispos inciensaban al dictador mientras otros se peleaban por llevar el palio que le daba cobijo.
Nadie cuestionaría a quien de su bolsillo pague una enseñanza privada. Pero ese especimen no abunda en el paraíso del “gratis total a costa del erario público”. Si los demás seguimos el ejemplo podríamos elucubrar también: como según el artículo 47 tengo derecho a una vivienda digna (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, por eso el Estado ha impedido con arrojo y valentía los desahucios), a mí -que me gustan los chalets de ese barrio exclusivo- me tenéis que costear uno para que mis niños no se contaminen con la chusma. Así que a partir de ahora ya sabemos lo que debemos exigir.¿ Suena a barbaridad?.Pues pongamos el espejo para que se miren los concertados.
El que en pleno siglo XXI una sociedad cada día más laica ( basta con mirar las estadísticas de divorcios / bodas civiles o “x” en la casilla del IRPF) tengamos que estar subvencionando a todo lujo creencias, nos tiene a la mayoría desconcertados.
Evidentemente tenemos que hacérnoslo mirar. Mientras llega el diagnóstico no obviemos la cuestión esencial: ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación?
La respuesta es corta: Por la connivencia y dejación de unos poderes públicos que debían haber protegido – y mimado- nuestros intereses colectivos y no esforzarse en privatizar los derechos fundamentales que como la Educación hacen posible la convivencia.
A nadie en España se le persigue por su fe católica. No se puede decir sin embargo lo mismo de quienes cuestionan ideológicamente al Sistema político que encarna la gran coalición de facto PP-PSOE-C's. Repasad multados, encausados y encarcelados. La lista es cada día más amplia.
La calle, semana sí, la otra también, es ocupada por procesiones, romerías y todo tipo de eventos religiosos. El Gobierno sirve de recaudador. Las instituciones eclesiásticas no pagan unos impuestos que son de obligado cumplimiento para el resto de los mortales. La jefatura del Estado, autoridades centrales y muchas autonómicas o municipales no mantienen en el ejercicio del poder la neutralidad exigible y muestran ostensiblemente una determinada creencia , amplia y poderosa pero minoritaria (si excluimos del cómputo la religiosidad “social” de los ritos de paso -bautizos, bodas, comuniones y entierros- mucho más), cuando deberían defender con escrupulosidad la idea del Estado aconfesional, que es absolutamente compatible con la libertad de creencia en el ámbito privado.
Una vez que las distintas leyes educativas dieron cuerpo y soporte legal a lo expresado en la Constitución, el retroceso ha sido constante. Desde que Maravall, ahora arrepentido ante el estropicio, abrió la veda de los conciertos educativos con la LODE ( suponía ingenuamente que se iba a cumplir el principio de subsidiaridad y que la Iglesia iba a tener escrúpulos para saltarse a la torera las condiciones como si no conociese la zapa que harían gobiernos afines del PP o entregados a la causa de la Conferencia Episcopal del PSOE) hasta la LOMCE de hisopo y báculo hoy vigente, pese a una mayoría parlamentaria contraria, todo ha sido marcha atrás.
Y como culmen surrealista el homenaje paródico que la Ley de Educación Andaluza hace a la escena de “Una noche en la Ópera” y su “parte contratante”, legalizando la patraña en el artículo 3, apartado 3 con el insuperable:
”El Sistema Educativo Público de Andalucía está compuesto por:
a) Los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía...c) Los centros docentes privados concertados, sin perjuicio de la legislación específica aplicable establecida en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y disposiciones que la desarrollen.”
Volvemos al inicio. Nada es casual. Si nunca esta “España democrática” trazó la delgada línea roja en defensa de los derechos que no deben cuestionarse, si los gobernantes no borraron la sensación de impunidad a quienes haciendo de la capa un sayo se saltaron la ley porque no había consecuencias, si ningún estadista puso fin a la orgía de privilegios, ¿por qué nos extrañamos hoy al encontrar en el paisaje ese magma reaccionario en postura “saco pecho”?
Y menos mal que, si no nos atragantamos al cogernos los matices que nos separan con papel de fumar, tenemos la suerte de vivir aún en una sociedad capaz de contraponer solidaridad al avance de lo que hoy se llama racismo, xenofobia, Trumpismo, ayer fue franquismo o nazismo, en el XIX esclavismo, capitalismo sin cortapisas y siempre Gobierno de las Oligarquías, tengan estas su origen en el dominio transmitido por sangre y nacimiento o por la plutocracia.
Ser conscientes de la peculiaridad ibérica (Portugal está en la senda) en un vecindario europeo que parece asomarse al abismo para sentir el vértigo de la tierra quemada, debería ayudarnos aún más a poner en valor lo que los une y dejar en segundo término lo que nos distancia.
Para así poder denunciar las agresiones, señalando causas y culpables. Desenmascarando complicidades. Rajoy (lo que representa) no nos ha caído del cielo, ¿verdad Doña Susana y Don Felipe?
Tengamos la valentía de afrontar y denunciar el desparpajo que nos regalan los falsos perseguidos. Ellos están en su derecho a escenificar el papel que más rentable les sea. No saquemos nosotros el billete de su obra ni engordemos la astracanada.
Señores del Gobierno andaluz, menos soflamas con la boca chica y más hechos. La Enseñanza Pública (por desgracia se pueden sustituir aquí la palabra “enseñanza” por “sanidad, cultura, empresa...”) no se vende, se defiende.
