Por más que desde la política se me quiera hacer comulgar con ruedas de molino, siempre he pensado, y espero seguir pensando, que los regalos los tiene que sufragar quien los hace, con su propio dinero.

El eterno problema de los políticos—y me parece que no tiene solución—es que nunca se han mentalizado de que son meros administradores de recursos ajenos y que el destino del dinero público debe ser público, no privado.

Qué duda cabe que coger dinero de la caja pública y dárselo a un amigo o pariente, además de probable delito, constituye un modo grosero de actuar que nadie está dispuesto a aprobar. Pero hay muchas formas de actuar de la misma o parecida manera, que si no están permitidas por la ley, al menos se mueven en ese delgado filo que separa lo ético de lo inmoral; y en la duda, debería optarse claramente por la mayor ética posible, aunque solo sea porque la cuesta—hacia abajo—que conduce a la corrupción tiene un comienzo imperceptible.

Veamos algunos ejemplos en los que, por supuesto, todo parecido con la realidad es pura coincidencia, si bien en el país en que vivimos vienen dándose ya demasiadas coincidencias por todas las latitudes de nuestra geografía…

Supongamos un municipio medio, con una plaza de toros que es de propiedad privada y está catalogada como bien de interés cultural por tener más de cien años. Supongamos, dado los tiempos que corren, que en dicha plaza apenas hay uno o dos espectáculos taurinos al año, puesto que la gente ya no se divierte con los toros, sino con el fútbol u otros deportes o con el botellón, o sencillamente en su casa, viendo la televisión. El resultado es que la plaza no se costea con el escaso uso que se hace de ella. Por si fuera poco, el edificio tampoco cumple la normativa de seguridad, sanitaria, de evacuación, etc. porque se ha quedado técnicamente obsoleto. Ya se sabe que nunca pasa nada, pero de pronto suceden casos como Madrid-Arena, que sirven para que todo el mundo lo lamente, aunque nadie dimita ni escarmiente en cabeza ajena…

Así las cosas, supongamos que al ayuntamiento de la localidad se le ocurre alquilar la plaza a los propietarios. ¿Qué es eso sino un regalo privado con dinero público? ¿Qué pretende el ayuntamiento metiéndose a soportar un riesgo económico de los espectáculos privados que se vayan a celebrar en dicha plaza? Si la plaza era deficitaria para los propietarios, al alquilarla, pasa a ser deficitaria para el ayuntamiento, y mientras que sus propietarios ven como, gracias al dinero público, lo que antes eran pérdidas para ellos, ahora son unos beneficios saludables en forma de rentas, para el ayuntamiento surge ahora un activo deficitario que se paga con los impuestos de todos. He aquí un claro regalo a unos particulares con dinero público. No más comentarios. Pasemos a otro caso.

Supongamos que en determinado municipio de tamaño medio, más bien pequeño, la Semana Santa está catalogada como de Interés Turístico Nacional o Autonómico. Podrá argumentarse que tal catalogación tiene un irresistible poder de atracción sobre grandes masas de turistas, aunque todo el pueblo sabe que el pretendido turismo se reduce al mero hecho de que muchos nativos de ese municipio que viven en otras partes de la geografía española o incluso extranjera, vuelven por Semana Santa a pasar unos días en su pueblo con los familiares que viven en él, y para lo cual se hospedan en las casas familiares de esos parientes o en la suya propia, que la utilizan para vivir por temporadas en Semana Santa, en verano y en algún que otro puente. Por tanto, la denominación “Interés Turístico Nacional o Autonómico” es algo más rimbombante que real, habida cuenta la escasa oferta hotelera de estos municipios medios o pequeños.

En un municipio así, aunque haya dos docenas de cofradías, no es adecuado subvencionar indiscriminadamente a las mismas, por cuanto estas son asociaciones privadas de tipo religioso, no turístico, que se sostienen con las cuotas de sus socios y otros medios de allegar fondos. Pero el ayuntamiento no tiene por qué favorecer económicamente a esas asociaciones privadas, ni siquiera cuando estas solo pretendieran un boato turístico, por cuanto dicho boato podría ser libremente explotado por estas cofradías en su propio beneficio lícitamente. El dinero que los ayuntamientos regalan a las cofradías todos los años, es un dinero público que pasa injustificadamente a manos privadas como regalo. ¿Por qué lo regalan a estas asociaciones y no a todas? ¿Y por qué no también a todos los ciudadanos a quienes no les da la gana de pertenecer a una asociación? Pasemos a otro caso.

En los años de bonanza económica y de amiguismo digital, han proliferado en los ayuntamientos los monitores municipales. Ahora mismo hay monitores para todo. No digo que no haya monitores que han obtenido su plaza mediante los parámetros de publicidad y concurrencia y cumpliendo las condiciones de mérito y capacidad a través de unas oposiciones. Pero hay que decir que en todos los municipios hay muchos monitores que han entrado, como dice un amigo mío, al “cogotazo”. Ya se entiende.

Pues bien, supongamos un municipio medio que tiene un gimnasio que para si lo quisieran muchas empresas del ramo que a duras penas se ganan la vida reclutando gente que quiera ver sus propios músculos algo más lustrosos que lo que da de si la vida actual, mezcla de estrés y sedentarismo. Ese gimnasio, como es municipal, acoge maternalmente, esto es, gratuitamente, a todo aquel que quiera fortalecer sus músculos y mejorar su figura en sus instalaciones. Y por si fuera poco, por aquello que el ejercicio físico debe hacerse inteligentemente, pone gratuitamente a disposición de los usuarios, varios monitores de deporte a quienes paga sus consiguientes sueldos y seguridad social.

¿Y el que no tenga costumbre o no quiera hacer deporte, qué? ¿Tiene forzosamente que verse obligado, vía impuestos, a financiar a los monitores y a los que se dedican, monitorizadamente, a machacar el músculo para ligar un poco más o para encontrarse más a gusto? ¿Acaso no sería más justo que el que quiera hacer deporte, se lo pague él mismo de su bolsillo? Y si no tiene dinero, que se vaya a correr por las carreteras, o que haga una tabla de gimnasia en su casa. O si quiere ir a un gimnasio, que se lo pague de su bolsillo.

Un ayuntamiento que financia un gimnasio en las condiciones arriba expuestas está utilizando dinero público para regalárselo a unos cuantos particulares, además de hacer una competencia desleal a los gimnasios que honradamente se ganan la vida de esa manera y cobran un precio justo con el que enjugan sus gastos y obtienen un lícito beneficio.

Otro tanto podríamos decir de esos equipos de fútbol locales financiados por los ayuntamientos  que no terminan nunca de despegar, pero que gastan dinero en instalaciones, entrenadores, equipación, desplazamientos, manutención, dietas, etc. Como si se tratase de un pozo sin fondo o más bien con un cocodrilo al fondo que se lo va tragando todo. Y todo, regalado con dinero de todos. Pasemos a otro caso.

Las publicaciones de libros, carteles o folletos financiadas por los ayuntamientos. Quienes nos venimos financiando con el sudor de nuestra frente nuestros propios libros, sabemos muy bien lo que es esto.

En los años pasados lo hemos visto—y hoy todavía se ve—cómo han proliferado montones de libros escritos por particulares, sobre asuntos cuyo interés quedaría probado en función del número de compradores de esos libros. Sin embargo esos libros suelen llevar en la contraportada los sellos de una o varias Administraciones públicas, que son quienes los han financiado generosamente. Digo generosamente, porque en la mayoría de los casos no se ha escatimado en medios económicos, con papel satinado de alto gramaje, impresión a cuatricromía, amplios espacios decorados, mucha “paja” y poco contenido e interminables e insufribles prólogos del político de turno que preside la Administración pública que lo ha financiado. A esto se suman a veces tiradas de muchos ejemplares, la mayoría de los cuales, una vez hechos los regalos de libros a los políticos de otras Administraciones y atendidos los compromisos de amistad y faroleo, pasan a engrosar las dependencias de almacenes municipales desde donde se van regalando indiscriminadamente a quien los quiera con tal de liberar el espacio de almacenaje de ese ayuntamiento.

Aquí hay varias cosas sobre las que fijarse. Para empezar, el autor del libro habrá cobrado algo, que le paga el ayuntamiento, que suele oscilar entre el 5% y el 10% del valor en venta que tenga el libro. Suponemos que el ayuntamiento le habrá pagado al autor del libro.

La editorial que maqueta el libro también habrá cobrado algo. ¿Se sigue en estos casos la ley de contratos del sector público, o se elige el editor a dedo? Que cada ayuntamiento haga examen de conciencia.

También hace falta un encuadernador y una imprenta, a quienes también hay que contratar—siguiendo la ley de contratos del sector público—y hay que pagar por su trabajo.

Además de lo anterior hay un valor inmaterial que el ayuntamiento, con su mayor capacidad económica, regala al autor: La buena fama de haber publicado un lustroso libro con el respaldo de una Administración pública, lo cual es algo valioso para su curriculum personal y que el ayuntamiento le ha regalado a él en clara discriminación de los demás ciudadanos, y con fondos públicos, esto es, de todos, vía impuestos.

Para rematar la jugada, todos esos regalos de ejemplares que sirven para estrechar las buenas relaciones políticas, e incluso los libros que se regalan indiscriminadamente desde el almacén, tienen destinatario privado con fondos públicos.

Como vemos, todo esto es un continuo enchufismo y un continuo regalo de dinero público a manos privadas.

Podríamos pasar a otros muchos casos similares a estos, porque en todos los municipios, no solo existen concejalías de deportes, sino de cultura o juventud, en las que sirven grandes cantidades de monitores, cuyos servicios son regalados por los ayuntamientos a unos pocos ciudadanos, que deberían pagarlos si quieren recibirlos. También existen en todos los pueblos, no solo cofradías, sino asociaciones de excursionistas, de cazadores, de pescadores, de flamenco y demás actividades, todas ellas muy lícitas y encomiables, pero que deben ser sustentadas con el dinero de los propios socios o con las ayudas privadas de quienes quieran ayudarles porque tienen puesta cierta fe en esa asociación y en los valores que representa, hasta el punto de rascarse el bolsillo en pro de esa asociación.

Siempre he entendido la razón de ser de las tasas y de los precios públicos, pero nunca me cupo en la cabeza la existencia de los que vulgarmente se han llamado precios políticos y mucho menos de los regalos oficiales, o mejor llamados, regalos políticos, ya que los regalos de los que he hablado en este artículo son, ante todo y fundamentalmente, regalos políticos, ya que en el mundo corrompido en el que vivimos son contados los casos en los que se dan los regalos de verdad, esto es, incondicionales, personales, como el amor. Los regalos de los que he hablado tienen el adjetivo “político” porque en realidad no son regalos ya que reclaman una contraprestación política en forma de votos. Repito: VOTOS. Unos propietarios de plaza de toros políticamente agradecidos, unos hermanos de una cofradía políticamente agradecidos, unos gimnastas políticamente agradecidos, unos aficionados al fútbol políticamente agradecidos, unos autores de libros y unos lectores políticamente agradecidos, unos jóvenes y unos usuarios de la cultura municipal, unos cazadores, pescadores o excursionistas políticamente agradecidos…todos ellos…son muchos votos, exactamente los necesarios para que el partido en el gobierno municipal se perpetúe en el poder, con lo que así sus dirigentes consiguen lo único que de verdad les importa: la permanencia en el poder, en la política, sin la cual muchos de ellos serían incapaces de ganarse la vida. Esto viene sucediendo con independencia del color político que sea el de los gobernantes municipales de este país. Unos y otros actúan de la misma manera. Conozco muy pocas excepciones. No hay sentido de la austeridad y justicia en el empleo de los fondos públicos. Solo hay una ley para los políticos locales españoles: la rentabilidad política en forma de votos y la consiguiente permanencia en la política.

No quiero terminar estas líneas sin unas breves referencias a dos tipos de regalos oficiales que no se llevan a cabo en el ámbito local, sino en el autonómico y nacional.

El primero es el PER, el Plan de Empleo Rural, que pudo tener su justificación como medida transitoria hace ya muchos años, pero que actualmente clama al cielo por la injusticia que supone regalar dinero oficial a una no pequeña cantidad de vagos y pícaros que ni han puesto el más mínimo empeño por trabajar ni quieren trabajar, sino vivir del cuento y de la extorsión política, ya que al amparo del PER se refugian un montón de votos cautivos a quienes importa un pimiento la ruina del país mientras ellos sigan viviendo como sanguijuelas. Desde que se implantó el PER, ningún gobierno ha tenido agallas para suprimirlo por el desgaste político que les podría suponer, prefiriendo quitárselo a la gente honrada, vía impuestos, para regalárselo a estos gángsters de las peonadas. Gravísima injusticia es esta, cometida con dinero público.

El segundo tipo de que quería tratar es el dinero dedicado a subvencionar a los partidos políticos, asociaciones de empresarios y sindicatos. Estos tres colectivos son, lisa y llanamente, asociaciones privadas, tan útiles al Estado como todas las demás asociaciones privadas existentes. No hay, por tanto, razón para que los dineros públicos terminen, vía regalo, en manos de estas asociaciones. Si un partido no es capaz de sobrevivir él solo con las cuotas de sus socios y los apoyos de instituciones privadas, entonces es que no debe existir porque socialmente no tiene apoyo. Lo mismo podemos decir de un sindicato o una asociación de empresarios, que no representarán a sus respectivos colectivos si estos no son capaces o no quieren sostener esas asociaciones económicamente. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, no tenemos por qué soportar que el dinero público—nuestro dinero—vaya a parar a espuertas a determinado partido o sindicato. Si no hubiera subvenciones a partidos y sindicatos ¿tendrían los actuales partidos y sindicatos más destacados la representación política o sindical que tienen, o se vendrían abajo? ¿No será artificial esa representación que tienen actualmente?

Al amparo del dinero público, en estas asociaciones viven como reyes, permitiéndose unos lujos que no se permitirían si se tuviesen que ganar el pan con el sudor de su frente. Los partidos, sindicatos y asociaciones de empresarios son auténticas sanguijuelas que están sangrando a la sociedad española. Las subvenciones a estos caraduras deberían eliminarse de un plumazo. Lo que pasa es que quien debería eliminar tales subvenciones es el gobierno sustentado por el partido que más dinero recibe de tales subvenciones y cuyos cargos—los del gobierno—suelen ser personas que a la vez  ostentan los más altos cargos en ese partido…Yo a esto le llamo corrupción del sistema y de quienes se amparan en el sistema. En definitiva, regalo de dinero público a manos privadas.

¿Me puede alguien señalar si existe diferencia de concepto entre todos los casos mencionados en las líneas precedentes y coger dinero de la caja pública y regalárselo al pariente o al amigo?

Antonio Moya Somolinos

Arquitecto