Qué futuro nos espera en este país si no somos capaces de consensuar prácticamente nada. La concertación social y el consenso político son pilares básicos de la democracia contemporánea. Durante los años de la transición pudimos, entre todos, dotarnos de una constitución gracias al consenso entre todas las fuerzas políticas. Todos cedieron para que al fin todos saliéramos ganando. Aquel espíritu de la transición ha ido languideciendo y cada vez los intereses partidistas se han ido imponiendo al interés general. Parece que estamos condenados al turno partidista carpetovetónico. Mientras gobierna uno de los partidos del turno el otro se dedica a procurar que todo vaya lo suficientemente mal como para hacer variar el fiel de la balanza electoral. La estrategia de “cuanto peor, mejor” se ha impuesto de tal manera que cada vez es más difícil presenciar un debate en el que se alcance no ya un voto unánime sino una mayoría cualificada.

Aspectos importantes de nuestra vida cotidiana como la educación o las pensiones, no merecen el esfuerzo de los partidos mayoritarios por entenderse y cuando lo hacen, como en el caso del pacto de Toledo, tardan poco en desandar lo andado y en utilizar las pensiones para tirárselas a la cara. El alma de los partidos del turno hace tiempo que se petrificó. No les importa utilizar a los dependientes para descalificarse mutuamente mientras miles de afectados padecen los recortes más crueles para la dignidad de las personas. No les importa el futuro de nuestros hijos condenados a modelos educativos fracasados y sin consenso.

El PSOE nos impuso la LOGSE con su mayoría absoluta y ahora el PP, salvo que sufra un ataque de cordura, nos va a imponer la LOMCE sin contar con todos los que tienen algo que decir en el sistema educativo. El fracaso escolar nos obliga a hacer cambios, pero no a imponer ideologías miopes. La democracia no consiste en la imposición de la mayoría sino en el respeto a las minorías. Está en juego el futuro de nuestros jóvenes y por lo tanto de nuestra sociedad y la solución no puede consistir en utilizar la enseñanza como arma electoral. Si los dos partidos del turno tuviesen grandeza de miras, convocarían a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes sociales implicados y no dejarían de negociar y debatir hasta alcanzar un gran pacto: una ley de educación útil para cualquier gobierno al margen de su color político.

Desgraciadamente, para nuestro mal, los dos partidos del turno actual, PP y PSOE, sólo han sido capaces de votar de forma conjunta, salvo en cuestiones técnicas y protocolarias, la modificación del artículo 135 de la constitución que obliga a todas las administraciones públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.  Han sido capaces de pactar, en un tiempo record, para que el pago de los créditos y de los intereses de la deuda tenga “prioridad absoluta” para que los bancos cobren antes que cualquier otro acreedor. Para lo demás, uno impone sus leyes y el otro anuncia que cuando recupere su turno derogará las leyes impuestas para imponer las suyas. El resultado de todo será un bucle maldito en el que, a la larga, todos saldremos perdiendo porque lo mejor para todos nunca puede ser lo peor para nadie.