Muchos, entre los que me incluyo, desconocíamos hasta hace poco que Sanlúcar de Barrameda había sido capital de provincia. Sanlúcar ostentó la capitalidad de su provincia homónima durante un corto periodo de tiempo (1804-1808). Este privilegio administrativo se adelantó incluso a la división provincial promovida por Javier de Burgos en 1833 que es la que ha llegado hasta nuestros días. El padrino de la idea fue Manuel Godoy, valido del rey Carlos IV y la causa de la Real Orden que decretó la provincia fue la predilección del valido por la villa y sobre todo por una de sus vecinas, Pepita Tudó, amante del “Príncipe de la Paz”. La efímera demarcación duró hasta que cayó en desgracia Godoy con el Motín de Aranjuez. Y ya se sabe: ‘se fue el padrino y se acabó el bautizo’.

Todo esto viene a cuento del último episodio sobre el contencioso de Gibraltar que venimos presenciando este verano. Un contencioso que cumple ahora trescientos años y que no tiene visos de resolverse ni siquiera a medio plazo. Lo paradójico de la cuestión es que el gobierno de España, al que le han venido de perlas los bloques de hormigón para desviar la atención del caso Bárcenas, se dedique a utilizar como ariete a los pescadores mientras la Autoridad Portuaria, que depende directamente del Ministerio de Fomento, se ha dedicado a instalar fondeaderos para grandes mercantes en otros caladeros de la bahía, o ha permitido que las grandes industrias prohíban la pesca en sus zonas, como ha denunciado la Patrona Mayor de Algeciras.

El problema del Campo de Gibraltar, según mi modesta opinión y visto desde fuera, no es sólo el problema de los pescadores, que lo es y muy importante, porque Gibraltar está jugando con el pan de muchas familias humildes. El problema del Campo de Gibraltar es un problema de estado, al que el estado no da solución. Una comarca con más de un 40% de paro es una vergüenza para un gobernante y está muy bien  levantar el espíritu patriótico cada vez que al alcalde de Gibraltar se le ocurra una nueva cacicada, pero al gobernante hay que decirle que con el espíritu patriótico no se come.

Mientras detrás de la verja exista un paraíso fiscal, podemos llevarnos años y años discutiendo sobre el espacio aéreo o sobre las aguas territoriales; hasta hoy de poco nos ha servido, así llevamos… ¿cuánto tiempo?.

El Campo de Gibraltar, azotado por el paro, necesita inversiones del Estado y de la Junta de Andalucía en infraestructuras imprescindibles  como la modernización de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla, la autovía entre Vejer y Algeciras o la circunvalación de la A-7 a su paso por San Roque. Y necesita, sobre todo, un estatus especial que lo equipare con la Roca, porque la única forma de contrarrestar una singularidad es con otra singularidad.

La disposición adicional primera de la Constitución de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Desde entonces el País Vasco y Navarra disfrutan de un derecho tributario y fiscal preferente que se les suprimió después de perder la Tercera Guerra Carlista en el año 1876. Ambos territorios disfrutan de la mayor renta per cápita y de la menor tasa de paro de todo el estado. A lo mejor ha llegado el momento de repetir la historia de la provincia de Sanlúcar de Barrameda en el Campo de Gibraltar. Necesitaríamos un Godoy que esté dispuesto a modificar la Constitución y el Estatuto de Andalucía y cree la provincia del Campo de Gibraltar. Una provincia con fuero propio y con incentivos fiscales. Seguro que tendría más atractivos y perspectivas que el peñón que Felipe V le regaló a los hijos de la Gran Bretaña.