Llevamos décadas discutiendo sobre la necesidad de liberar el peaje de la autopista AP-4, o bien desdoblar la carretera Nacional IV que discurre paralela a la misma y convertirla en autovía. Esta controversia ha dado lugar, durante estos años, a una continua disputa política entre el PSOE y el PP con un evidente interés electoralista. Y digo evidente porque el tiempo ha demostrado que los dos partidos, que en la oposición exigían la liberación o el desdoble, han mentido sistemáticamente a los usuarios de la N-IV y de la AP-4, porque los dos, cuando han llegado a la Moncloa, no sólo no han cumplido su compromiso electoral, sino que han prorrogado la concesión que llega en la actualidad hasta el año 2019.

Y mientras ambos discutían, los datos de siniestralidad de la Nacional IV, no  han parado de aumentar hasta alcanzar desde el año 2000 la cifra alarmante de casi 100 muertes. Sé que muchos pensarán que los responsables políticos no tienen nada que ver con estos datos, pero yo desde estas líneas me voy a permitir discrepar con ellos y dar razones que, a mi entender, justifican lo que en algún otro lugar he calificado como “Homicidio de Estado”.

Podríamos remontarnos más atrás, pero creo que el 31 de julio de 2011, fue una fecha fatídica que marca un antes y un después en la polémica, ya que ese día murieron tres personas en el kilómetro 565,7 de la Nacional IV y siete resultaron heridas graves. A raíz del accidente usuarios de la vía convocados por el Partido Andalucista cortamos la carretera en el lugar del accidente para exigir el desdoble.

Desde entonces se han ido sucediendo nuevas muertes en la Nacional IV, que han ido acompañadas por nuevos cortes de tráfico y por iniciativas y mociones en los distintos ayuntamientos afectados y en las diputaciones de Cádiz y Sevilla, sin que los gobiernos, de Zapatero primero y de Rajoy después, hayan tomado medidas amparándose en la crisis.

Esta inacción fue la que me llevó a manifestar en rueda de prensa, el día 23 de octubre de 2013, fecha en la que se produjo un nuevo accidente con 4 nuevas muertes, que los andalucistas consideraríamos a partir de entonces que cada nueva muerte la consideraríamos como un “Homicidio de Estado” ya que el ministerio de Fomento, a pesar de las continuas protestas y peticiones de solución, permanecía en una actitud pasiva ante un problema tan serio.

Curiosamente, un mes después de este accidente mortal, el 22 de noviembre de 2013, la ministra Ana Pastor Julián, la misma que no ha tomado cartas en el asunto por falta de presupuesto, firmó dos decretos (919/2013 y 920/2013) para bonificar los peajes de la autopista AP-2 “Zaragoza-Mediterráneo” entre Alfajarín y Fraga (105 Km) y AP-68 “Bilbao-Zaragoza” entre Alagón y Mallén (48 Km) para evitar los graves problemas de seguridad vial y de siniestralidad que se dan en la carretera Nacional II, sin desdoblar, para de esa forma descongestionar dicha vía de tráfico pesado y ligero, lo que supondrá un montante estimado de 45 millones de euros.

Por eso, cuando el pasado día 10 de marzo murió la última víctima de la Nacional IV, los andalucistas denunciamos a la Ministra de Fomento por “Homicidio Imprudente”, porque pudo evitar esta nueva tragedia y no lo hizo; porque pudo destinar de un presupuesto de inversiones de 10.354 millones de euros, 15 miserables millones a bonificar la AP-4 entre Dos Hermanas y Jerez y no lo hizo. Porque somos muchos los que le venimos recordando cada día a la ministra que la vida de muchas personas está en juego y no ha hecho nada por evitarlo.

Ya es hora de que los responsables políticos sean responsables de la arbitrariedad de sus actos. Sólo queda esperar que la justicia se aplique y si la ley no ampara nuestra denuncia tendremos que luchar por cambiar las leyes.