El rescate o préstamo concedido por Europa a España y destinado al salvamento del sistema financiero nacional, ha terminado de desvelar el menoscabo y la atrofia de la política española; aireando su futilidad coyuntural.

La sociedad ha percibido, en esta situación, que la imagen y credibilidad de todo el Estado, es medida y sopesada por el prestamista de modo pragmático, según las finanzas y capacidad económica del prestatario. Con abstracción ideológica. Y los políticos aparecen escorzados, desacreditados, irrelevantes e insustanciales, como los sonsonetes propagandísticos que fluyen de los altavoces en las campañas electorales.

Diríase que no es otra cosa que suspicacia, exasperación, impotencia y decepción lo que está arraigando en los españoles hacia todo lo relativo al entorno político. En esencia, responde esta hostilidad al acertado entendimiento de que gran parte de la causa del derrumbe del sistema económico y la resultante penuria social, está en la contaminación del sector financiero por la política.

Y es que hemos asistido a la espuria injerencia del partidismo político en instituciones básicas de la economía. Así, al instrumentalizar sus órganos de regulación, supervisión y control, se desató el desorden, la inseguridad y la desconfianza en las entrañas financieras. Al ocupar y someter a estructuras, como las cajas de ahorros, el gobernante del momento las trastocó en servidumbre de sus intereses políticos, degenerándolas, pervirtiéndolas y arruinándolas.

Esta deriva acarreó el ignominioso y escandaloso enriquecimiento de prosélitos advenedizos, elevados a gestores financieros. Y, estimuló la proliferación de finanzas nominales que generaron una vacua y efímera prosperidad, en la que subyacía el endeudamiento público irracional y la oquedad de riqueza real. Con la prioritaria empresa finalista de perpetuar a mandarines políticos en el poder, financiando el clientelismo y el sobredimensionamiento de la Administración Pública, efusiva productora del asfixiante gasto que paga el administrado.     

Ahora que asumimos el desastre y lo miramos con la nítida lente de los recortes, ha surgido clamorosa y tronante una unitaria demanda social a los políticos profesionalizados. Que dados sus desatinos y menguadas actitudes en la resolución de la actual emergencia nacional, y que toda salida pasará por socializar el gran quebranto económico perpetrado. Llevando a la colectividad, en los próximos años, al empobrecimiento y propiciando una particular fractura de la clase media, con el deslizamiento de un amplio estrato, de esta, hacia la privación. Se impone, para disminuir este efecto y, por aplicación del principio del que la hace la paga, una reducción ejemplar de la, artificialmente maximizada, estructura y viguería pública. Levantada para cobijar múltiples y prescindibles intereses políticos, ajenos al contribuyente, indiscutible victima propiciatoria.

Se sabe que los partidos, como instituciones públicas, sólo reaccionan cuando tienen un problema de imagen que amenace de forma inminente su continuidad o ascenso al poder. De manera que no les afecta en exceso los avatares, por graves que sean, producidos en el periodo interelectoral. Confían en que todo se reconducirá, maquillando la realidad, e influyendo en la voluntad del votante cuando llegue la cita electoral, y esta, por temporalmente lejana, produce un peculiar efecto autista.

No obstante, se augura que esta crisis económica y también social durará, al menos, hasta la siguiente llamada a las urnas. Por esto, la negativa a acoger, aplicando sin excusas y demoras, un expeditivo ajuste y minoración, tanto de la administración pública territorial (reducción de la composición de los parlamentos territoriales, de las diputaciones provinciales, podándolas según sus estrictas competencias, y un descenso del número de ayuntamientos), como de la instrumental (muy numerosa y destacada tristemente por  acoger, en su seno, posibles casos de vulneraciones del principio de legalidad, junto a la falta de control y sensación de impunidad), pasará factura electoral no cobrada pero  almacenada.   

Porque, aunque las elecciones en los diferentes ámbitos territoriales son recientes, y esto resulta tranquilizador para los que gobiernan. Sin embargo, probablemente, quienes en esta disyuntiva prescindan de una drástica política de lo imprescindible, experimentarán una máxima, muy común en los mercados financieros: Las cosas no son como empiezan, sino como terminan.

José Antonio Rodríguez

Licenciado en Derecho. Asesor jurídico