Se llama Andrés Bódalo y está encarcelado en la prisión de Jaén desde hace casi un año. Cumple una condena de tres y medio por “agresión a la autoridad” pese a que testimonios y grabaciones de la Guardia Civil contradecían los hechos. La Audiencia de Jaén le denegó en enero el tercer grado por su peligrosidad social. Ya se sabe, es un reincidente que una y otra vez ha cuestionado al Sistema ocupando fincas, reivindicando derechos para los jornaleros, peonadas en el PER, la tierra para quien la trabaja y todas esas cosas que la gente de malvivir suele hacer en su búsqueda de una sociedad más justa.
Se llama Andrés pero se podría llamar Francisco Molero, Diego Cañamero, Valtonic, César Strawberry, Carlos, Carmen, Alfon, Titiriteros, cinco de Buero, ocho de Yesa... A poco que reflexionemos queda patente que la criminalización de la protesta ha dejado hace tiempo de ser teoría para convertirse en práctica cotidiana. Ya nos faltan manos para calcular el número de represaliados, máxime cuando no van de uno en uno sino en tacada.
Se llama Iñaki Urdangarín. Es cuñado de rey y yerno de otro emérito famoso por su afición a coleccionar trofeos, sean éstos caza mayor o Corinnas de turno. Tras salir a la luz el latrocinio del caso Noos -y sintiéndolo mucho por lo que se palpa- ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión. La interpretación de las leyes siempre es benigna cuando se juzga a la élite. Hoy, 23 de febrero, se ha librado de ir a la cárcel. Y sin tan siquiera pagar fianza. A la vez que su esposa “yo no sé nada” quedaba definitivamente absuelta. Eso sí, para que quede clara la ejemplaridad de la condena, una vez al mes deberá comparecer ante la autoridad judicial de Suiza y procurar que no le salga la risa tonta. Como estamos en Carnaval parece que a los jueces les gustara disfrazarse de Tejeros al grito de “Seguimos golpeando”.
En 1981, tal día como hoy un teniente coronel bigotudo asaltó el Parlamento. Treinta y seis años después la sensación es parecida. Da grima leer ese artículo 1 del Título Preliminar de la Constitución de 1978 que reza: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y directamente invita a la carcajada el Artículo 14 del Título I (De los Derechos y Deberes Fundamentales) que en su ingenuidad se atrevió a decir: ”Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El jueves 23 de febrero de 2017 no es que se nos haya quedado cara de tontos, es que el Poder ha rotulado en la frente de todos los españoles la palabra mientras nos hacía un corte de mangas. Es lo que da la impunidad. Piensan que la actual sociedad hispana tiene la mansedumbre de un cabestro y confunden la falta de reacción con una perenne bula que le permite perpetrar todas las tropelías.
Hace tiempo que no se molestan ni en disimular al aplicar una y otra vez el doble rasero. Eso sí, a la ficción la siguen llamando “Estado de Derecho”. Nosotros sabemos que el término más acertado es el de “Desecho”.
