En el relato en el que Luis García Montero reconstruye las años de infancia y juventud del poeta Ángel González (Mañana no será lo que Dios quiera), escribe acerca del clima social generado en la postguerra civil española: “La memoria no formaba parte de las costumbres públicas, sino de los dolores privados, de lo que ocurría en un mundo escondido, en otro lugar, el país del silencio, que acababa de fundarse y empezaba a respirar, a moverse, a sentir, mientras aprendía a custodiar sus secretos bajo las banderas, las bandas de música, los altares, la humillación y el uso cotidiano de la obediencia”. Una descripción perfecta de lo ocurrido en España durante la dictadura franquista, pues durante la misma se repitió hasta la saciedad la memoria de los vencedores de la guerra, se abrió la denominada “causa general” para ofrecer testimonio de la represión republicana durante la guerra, y antes de ella, lo cual permitió mantener la persecución contra los perdedores de la guerra durante muchos años después del final de la contienda. Se incautó la documentación de los partidos políticos y de las instituciones republicanas, lo que daría paso a la creación del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca (hoy Centro Documental de la Memoria Histórica). Pero no pensemos que a las autoridades franquistas les preocupaba la protección del patrimonio, en realidad conservar esa documentación tenía como objetivo perseguir a cuantos habían militado en los partidos políticos republicanos o habían pertenecido a la masonería, como se pondría de manifestó con el Tribunal de Responsabilidades Políticas o el de Represión de la Masonería y el Comunismo.
Antes de acabar la guerra, ya se inició la depuración contra los funcionarios públicos, que sobre todo resultaría de gran dureza entre los cuerpos docentes de todos los niveles. En ese ámbito fue donde intervino el catedrático del Instituto de Cabra Ángel Cruz Rueda, quien desempeñó la presidencia de la “Comisión D: Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia de Córdoba” entre 1937 y 1939, y por tanto estuvo al frente de las decisiones acerca de la depuración de todo el magisterio cordobés. Manuel Morente, en su trabajo La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil (2011), ha analizado 892 expedientes de depuraciones de maestros en Córdoba, de los cuales 814 eran los que estaban en activo, y la mayor parte (72%) corresponde a la etapa de la presidencia de Cruz Rueda. De todos ellos, hubo 205 que sufrieron la imputación por parte de la Comisión y hasta un total de 143 fueron aquellos cuyo expediente finalizó con algún tipo de sanción.
Pero además de esa labor represora, Cruz Rueda había sido concejal durante la dictadura de Primo y fue alcalde de Cabra entre septiembre de 1936 y agosto de 1940. Disponemos de un testimonio de cuál era su ideología en el libro Por España. Crónicas patrióticas, recopilación de sus artículos publicados en El Popular, y donde no duda en expresar su simpatía hacia los sistemas políticos de Alemania, Italia o Portugal. Cuando la gestora que presidía fue renovada, en 1938, indicó que se habían limitado al cumplimiento de su deber, basados “en la voluntad que a todos imprimían las sabias decisiones de nuestro Caudillo”. Al final de la guerra, el ayuntamiento de Cabra pidió la Laureada de san Fernando para Queipo de Llano y, sobre todo, para Franco. En el caso de este último, en la sesión plenaria de 11 de mayo de 1939, la petición hacía constar que debía ser “con distintivo especial que la haga única, pues aún reconociendo, naturalmente, los grandes merecimientos de todos los caballeros que para gloria de la Patria la ostentan, debe ser inconfundible en este caso por tratarse del hombre que la Providencia eligió para salvar a España con su genio”.
En consecuencia, lo extraño es que durante tanto tiempo se haya conservado en un colegio público el nombre de Cruz Rueda, y no resulta comprensible que existan dudas acerca de la necesidad del cambio de denominación. La corporación egabrense tiene además la oportunidad de sumarse a este cumplimiento de la legislación sobre memoria histórica, y puede aprovechar para retirarle el reconocimiento como hijo adoptivo, que decidió “por aclamación” la gestora que él mismo presidía en septiembre de 1938.
Por fortuna ya ha llegado el momento en que la memoria se ha incorporado a nuestro quehacer colectivo, se mantiene la presencia de las banderas y los altares, pero ya no hay miedo, ni humillación y, aunque tarde, se puede restituir una parte del daño causado mediante este tipo de medidas que colocan a cada individuo en el lugar que le corresponde en nuestra historia. Por supuesto, también se autorretratan cuantos expresan sus dudas acerca de la conveniencia de este tipo de actuaciones (véanse las declaraciones de algunos con la exhumación del cadáver del dictador), que al fin y al cabo no son sino el cumplimiento de un deber democrático: el respeto a nuestra historia, en la cual deben tener cabida todos, porque ya estuvimos demasiados años en los que solo se escuchaba la voz de quienes habían ganado la guerra, que por otra parte eran los golpistas, los sublevados, aquellos que habían ido contra el orden constitucional vigente en 1936.
