Juan Rivera Reyes

El Partido de derecha extrema que nos desgobierna tiene un peculiar medio de “felicitar” las Navidades al cada vez mayor número de ciudadanos que se resisten a sus tropelías: multándolos.

Esa política no es nueva. Fieles a la vena confesional que los traspasa, llevan un año haciéndole la Pascua (y demás fiestas de guardar) a la inmensa mayoría de españoles. De camino, mantienen la tradición familiar del conservadurismo hispano y siguen la senda del tatarabuelo canovista que nunca hizo ascos al caciquismo, ley de fugas o de jurisdicciones para mantener su concepto de ley y orden.

También la del resto de antepasados que, triunfantes tras la escabechina liberticida, no dudaron en utilizar todos los resortes de un aparato estatal ilegítimo desde su origen (ley de represion contra la masonería y el comunismo, de vagos y maleantes, de peligrosidad social...) para disfrutar su predominio de clase sobre el resto de españolitos y de paso silenciar las voces discrepantes por tanta injusticia.

Parece que añoraran los tiempos del abuelo Patascortas y su paz de cipreses y cementerios. O los de papá Fraga y “ la calle es mía”.

Hoy, aunque lo deseen , no emplean directamente al palo y tentetieso. Deben adaptarse a los tiempos y respetar de boquilla los derechos recogidos en una Constitución que no respaldaron y en la que nunca creyeron.

Mantienen intactas las ancestrales ganas de reprimir pero aún guardan las formas. No pueden recurrir ni al Tribunal de Orden Público (conociendo la trayectoria involucionista del ministro Gallardón, para emular las ideas de su progenitor y suegro, no debe extrañarnos que pronto lo plantee en otra ley) ni a la Brigada Político-Social para amedrentar a los ciudadanos hasta convertirlos en borregos.

Han ideado una táctica que creen más sutil, pero mantiene el trazo burdo y grueso:  sancionar a todo hijo de vecino que ose discutirles. Miles de compatriotas llevan meses recibiendo sanciones que van de los 600 a los esperpénticos 60 mil euros al militante comunista de Huelva.

A colectivos sindicales, plataformas contra los desahucios y ciudadanos anónimos los están –literalmente- empapelando con sanciones. Uno de los casos más llamativos es la persecución al Sindicato Andaluz de Trabajadores. El encarnizamiento con sus militantes, Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo incluídos, es de libro. En su lógica, se ensañan más con quienes señalan la desnudez del rey, la hipocresía social imperante.

Pese a la amnistía fiscal son incapaces - no se atreven con el amo– de hacer pagar los impuestos a defraudadores de toda laya, ni de apostar por una tributación en función de los ingresos. Parece que pretendieran equilibrar los injustos Presupuestos de 2013 con lo conseguido por el IVA y lo recaudado con las multas.

Lo peor de ellas, es el tufo a arbitrariedad que desprenden. Ciudadanos que estaban pacíficamente concentrados o que pasaban por allí han recibido las notificaciones. No podemos olvidar que los datos a la Delegación de Gobierno los proporciona siempre un agente de policia. Harían bien el SUP y la AUGC de recordar a sus afiliados que no deben ser colaboracionistas ejecutando órdenes injustas.

La mayoría de las denuncias son por ocupar la vía pública,” sin permiso” en concentracionesde protesta. No importa que hayan sido pacíficas, en las aceras sin interrumpir el tráfico o en calles peatonales. Se aplica la tolerancia cero.

Este intento de reproducir un Estado policial con súbditos sin derechos, esta intolerancia con el discrepante, se vuelve más evidente cuando la contrastamos con la absoluta permisibilidad para otros sectores.

Cualquier habitante de España y especialmente de Andalucía, vive en sus carnes a lo largo del año la ocupación continuada de la vía pública por manifestaciones de carácter religioso. A una Semana Santa en la que todo el espacio ciudadano orbita en torno a una creencia, se comparta o no ésta, se suman procesiones grandes o de niños pequeños, rosarios, misas al aire libre, ensayos de pasos...

Una parte de la sociedad, importante pero minoritaria, tiene barra libre para expresar su ideología. A sus seguidores no se les brea a multas si, por ejemplo, un paso procesional ensaya por la noche interrumpiendo el tráfico sin permiso. A los señores Delegados de Gobierno no se les ocurrirá nunca enviar a un policía para que coja nombres y dni de los costaleros y al cabo de unos meses reciban la sanción por “alterar el funcionamiento de la vía pública sin autorización”.

¿Con esto quiero decir que los multen a ellos también? No, al contrario. Defiendo que esa parte de la ciudadanía pueda expresar su ideología y quiero denunciar la incoherencia del partido ( des)gobernante.

La mayoría social que desde hace varios años (contra el talante del “niño la ceja “también lo hicimos) nos manifestamos día sí y otro también, no lo hacemos por gusto. Lo hacemos porque las medidas tomadas nos están despojando de nuestros derechos. Tomamos la calle para expresar nuestra discrepancia con quienes nos roban sueldo, casa, sanidad, enseñanza y futuro.

Puede que en una sociedad teocrática seamos condenados a la hoguera por herejes, pero en la España constitucional deberíamos tener los mismos derechos que cualquier ciudadano.

Cada vez que llega una notificación de multa a un conocido pienso que quienes han provocado esta crisis -que nos afecta a los que somos la inmensa mayoría en beneficio de una plutocracia insaciable-, tienen en mente rodar a nuestra costa la cuarta parte de “ El Padrino”. El papel que les toca es sabido. A nosotros nos dejan el de extras extorsionados.

Juan Rivera Reyes