Todavía colea la polémica suscitada en torno a los daños perpetrados en la Iglesia de S. Juan del Cerro, especialmente en la denominada “Ara de Bacauda”.
A raíz de unas fotos en las que pudimos ver como se había recortado con una radial la piedra del SVII y de la consiguiente denuncia se desplazaron a Cabra técnicos de la Junta de Andalucía, desmontaron la piedra y la trasladaron al Museo Arqueológico Local para inspeccionarla. Hasta aquí todo entra dentro de la lógica de lo que debe ser, y está legislado, lo que se refiere a la protección del patrimonio arqueológico en Andalucía.
Pero la sorpresa llega cuando los técnicos de la Junta, que examinan la piedra, a raíz de la denuncia concreta referida al corte superior de la piedra, emiten un comunicado en el que solo hablan de la grieta que presenta a media altura, grieta conocida por todos, que tiene más, no de veinte sino de treinta, años y que, naturalmente, “NO ES RECIENTE”. O sea que del hecho denunciado el informe no dice absolutamente nada. Ni que se ha cortado la piedra ni que no se ha cortado.
Inmediatamente han salido voces diciendo que la denuncia era un infundio y que la piedra no ha sufrido daños recientes cuando eso no es lo que dice el informe.
Llama la atención que el informe, efectuado a raíz de una denuncia de unos daños, no diga nada de los daños por los que se requirió ese informe y se remita a otros anteriores, de sobra conocidos, por los que nadie ha preguntado.
Pero llama más la atención que la primera autoridad municipal, responsable último del patrimonio local y de su conservación, en lugar de defender ese patrimonio, se sume al coro de voces que lo que pretenden es matar al mensajero en lugar de intentar averiguar la verdad y velar por el patrimonio egabrense.
Solo encuentro una explicación a esta ceremonia de la confusión orquestada para despistar a la opinión pública. La Junta de Andalucía está gobernada por el PP, el Ayuntamiento de Cabra está gobernado por el mismo partido y hay un refrán que dice que “entre bueyes no hay cornadas” porque si se demuestra que la piedra ha sido cortada la responsabilidad caería, además de en el cura, en quien gobierna en el Ayuntamiento de Cabra.