Como es bien conocido, en marzo de 2012 se cumplirá el bicentenario de la aprobación de la Constitución de Cádiz, pero antes de que llegue esa fecha se celebrarán otros aniversarios que hicieron posible la aprobación de aquel primer texto constitucional. Así, en este mes de septiembre hará 200 años de la apertura de las sesiones de las Cortes, acontecimiento que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810 en San Fernando, con el ruido de fondo de la artillería francesa. Siempre me ha resultado emocionante el relato de un testigo de aquel acto, Agustín Argüellles, quien cuenta que tras la retirada de los miembros de la regencia y de los ministros asistentes, los diputados acometían una tarea nueva, desconocida hasta ese momento en nuestro país: “De este modo quedaron éstas [las Cortes] solas, abandonadas a sí mismas, sin dirección reglamento ni guía alguna, a la vista de un inmenso concurso de espectadores de todas las clases que ocupaban los palcos, galerías y demás avenidas del teatro. Un simple recado de escribir, a cuya cabecera estaba una silla de brazos y a los lados algunos taburetes, eran todos los preparativos y aparato que se habían dispuesto para que volviesen a abrir sus sesiones las Cortes generales de una nación célebre por su antigua libertad y privilegios”.

La composición de las Cortes fue cambiante a lo largo de los tres años en que estuvieron reunidas. Y en ese periodo hubo dos egabrenses que formaron parte de aquella histórica Cámara: Antonio Alcalá-Galiano y Alcalá-Galiano y Francisco Nogués y Acevedo.

En este primer artículo me ocuparé del primero de ellos, que nació Cabra en 1762 y falleció en Madrid en 1826. Fue el menor de seis hermanos: José María (muerto en la guerra contra los franceses en 1794); Vicente (cadete en la Academia militar de Segovia y Oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda); Dionisio (Brigadier de Marina, protagonista de expediciones científicas, muerto al mando del Bahama en la batalla de Trafalgar), Antonia y María del Rosario. Desempeñó el cargo de Alcalde del Crimen en la Chancillería de Valladolid y fue miembro del Consejo de Hacienda desde 1810, cargo en el cual sería ratificado por Real Orden de 11 de agosto de 1814.

Su participación en las Cortes de Cádiz como representante de Córdoba sería corta, del 21 de mayo al 20 de septiembre de 1813. Como parlamentario fue miembro de una comisión formada para dictaminar acerca de la conducta de un diputado. En la sesión del 30 de junio se hizo eco de una queja de los electores parroquiales de Córdoba contra el jefe político de la provincia y en la de 4 de julio propuso el traslado de las Cortes a Sevilla, lo cual provocó la desconfianza de los liberales.

En 1824, tras el periodo del Trienio Constitucional, acusado de estar vinculado a los liberales,  fue sometido a examen de la Junta de Purificaciones, la cual le propuso a Fernando VII que lo cesara como Consejero de Hacienda, pero que en atención a los servicios que había prestado a la monarquía, le concediera la jubilación con medio sueldo. Alcalá-Galiano presentó alegaciones y una Resolución de 14 de junio de 1825 lo declaró como “purificado”, decisión adoptada unos días después de que su esposa presentara una instancia dirigida al monarca en la cual señalaba la injusticia que se cometía con su marido, hasta el punto de que había tenido que trasladarse a Galicia para curarse de una enfermedad que le aquejaba. Fue repuesto en su cargo el 2 de agosto de 1825, un año antes de su muerte.